La Paradoja del Espectro Radioeléctrico: Fricción Fiscal frente al Crecimiento Macroeconómico
La consolidación de México como polo logístico y tecnológico en la era del nearshoring enfrenta un obstáculo crítico que no proviene de la falta de demanda comercial, sino del diseño fiscal del Estado: el costo prohibitivo del espectro radioeléctrico. A pesar de las recientes narrativas oficiales, los datos duros son contundentes. En marzo de 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desmintió categóricamente que las tarifas en México sean más baratas que el promedio internacional, confirmando que el espectro mexicano cuesta casi el doble de la mediana global. Esta anomalía se debe a un modelo de doble cobro donde los onerosos pagos anuales de derechos representan entre el 70% y el 90% del costo total de la explotación de las frecuencias a lo largo de la concesión.
La Trampa Fiscal y la Fuga de Infraestructura
Este modelo recaudatorio ha generado un efecto económico destructivo: en su intento por sostener altos ingresos a corto plazo, el Estado ha perdido miles de millones. La asfixia financiera obligó a grandes corporaciones como Telefónica Movistar y AT&T a devolver concesiones de espectro, lo que se tradujo en un boquete para el erario público de 23,281 millones de pesos (aproximadamente 1,172 millones de dólares) entre 2019 y 2024.
El caso más drástico fue el de Telefónica Movistar. En diciembre de 2019, la empresa de origen español inició un proceso de devolución progresiva de sus frecuencias que culminó en junio de 2022 con la renuncia total a su espectro de acceso móvil (optando por subarrendar capacidad a un tercero). Esta retirada significó un golpe estructural a las finanzas públicas, pues el Estado dejó de percibir, de tajo, un estimado de 4,569 millones de pesos anuales por concepto de cobro de derechos según datos del extinto IFT.
Por su parte, AT&T ha recurrido a devoluciones escalonadas como estrategia de supervivencia operativa. Para mitigar sus costos, la compañía estadounidense concretó el 31 de diciembre de 2022 la devolución de bloques en las bandas AWS y de 850 MHz en mercados clave como la Ciudad de México y Guadalajara. Posteriormente, en 2023, sumó una renuncia parcial a frecuencias en la banda PCS. Cada uno de estos recortes ha mermado progresivamente la proyección de ingresos del gobierno.
En conjunto, el éxodo total de Telefónica y las devoluciones estratégicas de AT&T se tradujeron en un quebranto financiero acumulado para el erario público de 23,281 millones de pesos (aproximadamente 1,172 millones de dólares) entre 2019 y 2024.
Como resultado de las devoluciones y licitaciones desiertas, México cuenta hoy con una cantidad alarmantemente baja de espectro activo para banda ancha móvil. Con apenas 427.92 MHz en manos de operadores comerciales directos, el ecosistema digital del país está muy por debajo de la recomendación de 1,280 MHz de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). A nivel regional, México se asemeja más a los niveles de estancamiento de Nicaragua (350 MHz) y Venezuela (324 MHz) que a los 1,040.3 MHz que explota exitosamente Brasil, país que priorizó el despliegue de infraestructura 5G sobre la recaudación fiscal.
El Freno al Crecimiento del PIB
El impacto macroeconómico de esta barrera es profundo. Diversos estudios, incluidos los de la UIT, demuestran que un aumento del 10% en la penetración de la banda ancha móvil tiene el potencial de generar un crecimiento de hasta el 2.8% en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Sin embargo, la actual política de derechos en México no sólo frena el despliegue de redes 5G, sino que disuade la entrada de nuevos jugadores y consolida una hiperconcentración del mercado, beneficiando asimétricamente a la única empresa con la escala suficiente para absorber estos costos.
Ante este escenario, la nación se halla en una coyuntura decisiva. Prolongar la actual visión recaudatoria sólo agudizará el distanciamiento frente a mercados competitivos, restringiendo el potencial económico de México. La alternativa técnica, congruente con las directrices de la UIT, requiere una transformación profunda de la política fiscal para armonizar los costos de las frecuencias con los estándares globales. Únicamente mediante la transición hacia una estrategia de Estado que priorice el despliegue de tecnología 5G, se podrá liberar el desarrollo macroeconómico, mitigar la exclusión digital y afianzar la relevancia logística que exige el fenómeno del nearshoring.
En un entorno definido por tales asimetrías, el análisis técnico del marco regulatorio y económico deja de ser un accesorio para consolidarse como el eje de la sostenibilidad corporativa. En FluxIO Consulting acompañamos a las organizaciones en la interpretación de esta complejidad, aportando certidumbre jurídica y visión preventiva para gestionar los riesgos y potenciar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones.
Aldo Uriel Álvarez Vargas
Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con experiencia estratégica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en la investigación de innovación tecnológica dentro de la UNAM. Es especialista en la aplicación de ciencia de datos, modelado econométrico y procesamiento de datos masivos para el análisis de competencia económica, toma de decisiones regulatorias y estrategias de mercado
